Cuando un padre, una madre o un familiar empieza a tener dificultades para manejar su dinero, firmar papeles o decidir sobre su salud, la familia suele preguntarse si hay que “declararlo incapaz”. Desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial la respuesta cambió: el sistema ya no busca reemplazar a la persona por un curador, sino acompañarla con apoyos para los actos concretos que lo requieran, preservando todo lo demás. En esta guía explicamos cómo funciona el proceso, qué se puede pedir desde el primer día y cómo planificar con anticipación.
El cambio de paradigma: de la sustitución al apoyo
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en la Argentina tiene jerarquía constitucional desde la Ley 27.044, reconoce a todas las personas capacidad jurídica en igualdad de condiciones y obliga a los Estados a proporcionarles el apoyo que necesiten para ejercerla. El Comité de Naciones Unidas que interpreta la Convención lo resumió en su Observación General N° 1 (2014): la capacidad jurídica y la capacidad mental son conceptos distintos, y el paradigma de la voluntad y las preferencias de la persona debe reemplazar al del llamado interés superior.
El Código Civil y Comercial recoge esa idea con reglas claras: la capacidad se presume; las limitaciones son excepcionales y se imponen siempre en beneficio de la persona; la intervención estatal es interdisciplinaria; la persona tiene derecho a recibir información en un lenguaje que comprenda, a participar con asistencia letrada y a que se prioricen las alternativas terapéuticas menos restrictivas.
Restricción con apoyos, incapacidad e inhabilitación: tres figuras distintas
- Capacidad restringida con apoyos. Es la regla. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, cuando el ejercicio pleno de su capacidad puede causarle daño a su persona o a sus bienes. Para esos actos designa apoyos. Para todo lo demás, la persona sigue decidiendo sola.
- Incapacidad con curador. Es la excepción. Solo procede cuando la persona está absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y de expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyos resulta ineficaz. El curador la representa.
- Inhabilitación por prodigalidad. Procede respecto de quien, por la prodigalidad en la gestión de sus bienes, expone a su cónyuge, conviviente o hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. La acción solo corresponde al cónyuge, al conviviente y a los ascendientes y descendientes. La persona inhabilitada sigue siendo capaz, pero necesita la asistencia de un apoyo para los actos de disposición entre vivos y los demás que fije la sentencia.
Cómo es el proceso
Quién lo inicia
Pueden pedirlo la propia persona, su cónyuge no separado de hecho, su conviviente mientras dure la convivencia, los parientes dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo, y el Ministerio Público. Es competente el juez del domicilio de la persona o del lugar de su internación.
Qué se acompaña con la demanda
En la Provincia de Buenos Aires el código procesal exige acompañar certificación médica al promover el proceso. Además conviene ofrecer desde el inicio: la partida que acredita el vínculo; informes previsionales que digan qué haberes cobra la persona y si hay apoderados registrados para el cobro; informes bancarios para conocer cuentas y movimientos; la historia clínica; y un pedido al registro de actos de autoprotección para saber si la persona dejó directivas anticipadas. Si existen expedientes previos vinculados (por ejemplo, de medidas de protección), sus pericias y dictámenes son prueba muy valiosa.
La persona es parte
No es un objeto del juicio. Puede aportar prueba, tener su propio abogado y, si no lo tiene, se le designa uno. El juez debe entrevistarla personalmente antes de dictar cualquier resolución, con la presencia del Ministerio Público y de un abogado que la asista. Un equipo interdisciplinario evalúa su situación: no alcanza con un diagnóstico médico.
Las medidas durante el proceso
Un juicio de capacidad puede llevar meses, y en ese tiempo la persona sigue necesitando cobrar su jubilación, pagar sus gastos, atender su salud y proteger su patrimonio. Por eso el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar sus derechos personales y patrimoniales: puede designar apoyos provisorios para actos determinados, redes de apoyo y personas con funciones específicas. Cuando hay riesgo de que se dispongan bienes, también pueden pedirse medidas como la inhibición general de bienes. Estas medidas se piden en la demanda, con fundamentos concretos.
La sentencia
La sentencia se pronuncia sobre el diagnóstico y el pronóstico, la época en que la situación se manifestó, los recursos personales, familiares y sociales de la persona y el régimen para su protección y para la promoción de su mayor autonomía, sobre la base del dictamen de un equipo interdisciplinario. Debe determinar la extensión y el alcance de la restricción, especificar los actos limitados, designar los apoyos y fijar sus funciones, procurando que la afectación de la autonomía sea la menor posible. Se inscribe en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, y desde esa inscripción produce efectos frente a terceros.
La revisión
La sentencia no es definitiva en el sentido corriente. La persona puede pedir su revisión en cualquier momento, y cuando se restringió la capacidad el juez debe revisarla en un plazo no superior a tres años, con nuevos dictámenes interdisciplinarios y una nueva audiencia personal.
Qué conviene pedir y qué conviene evitar
La experiencia en estos procesos muestra errores que se repiten y que demoran o debilitan el pedido.
- Delimitar los actos. Pedir genéricamente que se “determine la capacidad” obliga al juez a construir todo desde cero. Es mejor proponer áreas y actos concretos (cobro de haberes, operaciones bancarias, disposición de inmuebles, consentimiento para actos médicos, contratación de cuidadores) y aclarar en cada caso si el apoyo asiste o representa.
- No mezclar apoyos con curatela. Pedir un apoyo y al mismo tiempo invocar las reglas de la curatela o hablar de “representación legal” a secas contradice la pretensión. Si los hechos justifican una incapacidad, se pide en forma subsidiaria y se explica por qué los apoyos serían ineficaces.
- Pedir medidas provisorias desde el inicio. Sobre todo el cobro de haberes y el pago de gastos, que no pueden esperar a la sentencia.
- Tratar de frente el conflicto de intereses. Si quien pide ser apoyo es parte de un conflicto familiar o patrimonial, conviene ofrecer garantías: rendición periódica de cuentas, apoyos plurales con funciones separadas o control sobre las cuentas.
- Pedir la entrevista personal y la inscripción de la sentencia. Son exigencias legales que, si no se piden, igual se cumplirán, pero pedirlas muestra al juez que el proceso está bien orientado.
- Mantener el foco en la persona. El juicio de capacidad no es el lugar para resolver herencias futuras ni reproches entre hermanos. Esos conflictos explican por qué se necesitan salvaguardas, pero si dominan el escrito el juez puede leer un interés propio del que pide.
- Cuidar los datos sensibles. Lo clínico va en los certificados e informes, no en el relato. Detallar medicación o la salud de terceros no suma y expone información íntima.
- Usar un lenguaje actual. Expresiones como “presunto incapaz” o “demente” contradicen el paradigma que el propio escrito invoca y restan credibilidad.
Planificar antes: directivas anticipadas y actos de autoprotección
La mejor manera de evitar un juicio difícil es dejar la propia voluntad por escrito mientras se puede. Una persona plenamente capaz puede anticipar directivas sobre su salud y designar a quien expresará el consentimiento para sus actos médicos y a quien ejercerá su curatela, designación que el juez debe aprobar. Ante escribano pueden otorgarse además actos de autoprotección con pautas sobre la residencia, el cuidado personal y la administración de los bienes, que se inscriben en el registro de la jurisdicción donde se otorgan. Si llega el momento, el juez conoce lo que la persona quiso y no tiene que adivinarlo.
El objetivo del proceso no es decidir por la persona, sino asegurarle las herramientas para que siga decidiendo, con la menor restricción posible y respetando su voluntad.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el proceso de determinación de la capacidad jurídica?
Es el juicio en el que un juez evalúa si una persona necesita apoyos para tomar ciertas decisiones y, en su caso, para cuáles. Reemplazó a la vieja declaración de insania. El punto de partida es que toda persona es capaz: la limitación es excepcional, se dispone siempre en beneficio de la persona y debe ser la menor posible. La sentencia no rotula a nadie; dice qué actos concretos requieren apoyo, quién lo presta y con qué funciones.
¿Quién puede pedirlo?
El Código Civil y Comercial legitima a la propia persona interesada; a su cónyuge no separado de hecho y a su conviviente mientras la convivencia no haya cesado; a los parientes dentro del cuarto grado y, por afinidad, dentro del segundo; y al Ministerio Público. Hijos, hermanos, sobrinos o nietos pueden promoverlo. También puede hacerlo la propia persona, por ejemplo para que un juez formalice el acompañamiento que ya recibe de alguien de su confianza.
¿Mi familiar pierde todos sus derechos?
No. La regla es la restricción de la capacidad para actos determinados, con designación de apoyos para esos actos, y solo procede respecto de una persona mayor de trece años con una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, cuando el ejercicio pleno de su capacidad puede causarle daño a su persona o a sus bienes. Fuera de los actos que la sentencia enumera, la persona conserva su capacidad. La declaración de incapacidad con curador es excepcional: queda reservada para quien está absolutamente imposibilitado de interactuar con su entorno y de expresar su voluntad por cualquier medio, y siempre que el sistema de apoyos resulte ineficaz.
¿Qué es un apoyo y qué hace?
Es cualquier medida, judicial o extrajudicial, que facilita a la persona tomar decisiones para dirigirse a sí misma, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos. El apoyo promueve su autonomía y facilita la comunicación, la comprensión y la manifestación de su voluntad. No decide por ella: la acompaña a decidir. Solo cuando la sentencia lo dispone expresamente, y para los actos que indica, el apoyo puede actuar como representante. Puede haber uno o varios apoyos, con funciones distintas (por ejemplo, uno para cuestiones de salud y otro para el manejo del dinero).
¿Quién puede ser apoyo? ¿La persona puede elegirlo?
Sí. La persona puede proponer al juez a una o más personas de su confianza para que cumplan esa función. El juez evalúa el alcance de la designación y debe proteger a la persona frente a posibles conflictos de intereses o influencia indebida. Por eso, cuando en la familia hay intereses patrimoniales cruzados, conviene ofrecer desde el inicio garantías concretas: rendición periódica de cuentas, separación de funciones entre varios apoyos o control sobre las cuentas bancarias.
Mientras dura el juicio, ¿qué pasa con los haberes, el banco o los tratamientos médicos?
El juez debe ordenar durante el proceso las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona. Puede determinar qué actos requieren, provisoriamente, la asistencia de uno o varios apoyos o la representación de un curador, y designar redes de apoyo o personas con funciones específicas. En la práctica esto permite pedir, desde la demanda, un apoyo provisorio para cobrar la jubilación y pagar los gastos de la persona, medidas para resguardar su patrimonio (como una inhibición general de bienes) o pautas para los actos médicos. Esperar a la sentencia para resolver estas cuestiones puede dejar a la persona desprotegida durante meses.
¿La persona participa del juicio? ¿Necesita abogado?
Sí. La persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte, tiene derecho a ser informada en un lenguaje que pueda comprender, a ser oída y a aportar todas las pruebas que hagan a su defensa. Si comparece sin abogado, se le debe nombrar uno, con patrocinio gratuito si carece de medios. Además, el juez debe garantizar la inmediatez: tiene que entrevistarla personalmente antes de dictar cualquier resolución, con la presencia del Ministerio Público y de al menos un abogado que la asista.
Mi familiar firmó un poder o vendió un bien cuando ya no estaba bien. ¿Se puede anular?
Puede ser posible. Los actos posteriores a la inscripción de la sentencia que contrarían lo que ella dispone son nulos. Los actos anteriores a la inscripción pueden declararse nulos si perjudican a la persona y, además, se da alguno de estos supuestos: que la alteración mental fuera ostensible a la época del acto, que quien contrató con ella haya actuado de mala fe, o que el acto haya sido a título gratuito. Esa nulidad se discute en un juicio propio, distinto del de capacidad, y requiere prueba. Por eso conviene, al iniciar el proceso, pedir informes que permitan reconstruir qué actos se firmaron y ante quién.
¿La sentencia es para siempre?
No. La sentencia puede revisarse en cualquier momento a pedido de la propia persona. Cuando se restringió la capacidad, el juez debe revisarla en un plazo no mayor de tres años, sobre la base de nuevos dictámenes interdisciplinarios y de una nueva audiencia personal, y el Ministerio Público debe instar esa revisión si no se hace en término. Si la persona recupera autonomía, el juez que dictó la sentencia puede dejar sin efecto las restricciones o ampliar la lista de actos que puede realizar por sí sola, previo dictamen interdisciplinario.
¿Puedo dejar decidido hoy quién me acompañará si mañana no puedo decidir por mí?
Sí. Una persona plenamente capaz puede otorgar directivas anticipadas sobre su salud y designar a quien expresará el consentimiento para sus actos médicos y a quien ejercerá su curatela; esta última designación requiere aprobación judicial. Las directivas son revocables en todo momento y las que impliquen prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. Ante escribano pueden otorgarse además actos de autoprotección más amplios, con pautas sobre el lugar de residencia, el cuidado personal o la administración de los bienes, que se inscriben en el registro de la jurisdicción donde se otorgan. Es la forma más simple de que, llegado el caso, el juez conozca la voluntad de la persona y no tenga que reconstruirla.
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Consulta profesional
En Aldubato Abogados asesoramos a familias que necesitan promover un proceso de capacidad, a personas que quieren defender su autonomía o pedir la revisión de una sentencia, y a quienes buscan dejar planificado su futuro. Analizamos la situación, proponemos el sistema de apoyos adecuado y las medidas urgentes que correspondan. La consulta tiene un valor de un (1) Jus, el importe en pesos que fija la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, vigente al día de la consulta (ver el valor actual). Atención presencial o virtual personalizada, previa coordinación por WhatsApp +54 9 223 524-2994. Atendemos en San Luis 2029, 5° “B”, Mar del Plata, de lunes a viernes. Cinco (5) turnos por día, uno por hora: el primero, a las 14; el último, a las 18.
Cada caso requiere estudio particular.
Bibliografía consultada
- Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas), Observación General N° 1 (2014), Artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante la ley, CRPD/C/GC/1.
- Lafferriere, Jorge Nicolás y Muñiz, Carlos, “El régimen jurídico de las restricciones a la capacidad”, en Basset, Úrsula C. y otros (dirs.), Tratado de la Vulnerabilidad, Thomson Reuters La Ley, Buenos Aires, 2017.
- Garate, Rubén Marcelo, “La determinación de la capacidad jurídica, principios y procesos”, Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata, año 14, N° 47, 2017.
Alcance informativo
Este material brinda información jurídica general. No constituye asesoramiento jurídico individual, no reemplaza el análisis de los hechos, la documentación y la jurisdicción del caso concreto, y no anticipa la procedencia ni el resultado de un proceso judicial.
Revisión jurídica: Dr. Víctor Hugo Aldubato, Postgrado en Actualización en el Nuevo Código Civil y Comercial.